El PSOE-M propone un sistema educativo equitativo ante el impacto del COVID-19

El nuevo panorama social, y vislumbrando la mayor crisis mundial, con motivo de la pandemia, no puede afectar a derechos adquiridos en nuestra Constitución, como dice el “ART. 27 “1. Todos tienen el derecho a la educación. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.”

Esta grave situación nos ha llevado a un contexto de excepcionalidad en el que los centros educativos de todos los niveles se han visto obligados a suspender las clases y a realizar una adaptación acelerada a las modalidades online y no presencial. En este contexto, se hace necesaria la adopción de medidas decididas por parte de las administraciones competentes que minimicen el alcance de los múltiples impactos que la crisis sanitaria puede tener sobre el sistema educativo y sobre el alumnado más vulnerable.

Nos encontramos ante retos sin precedentes para la comunidad educativa en su conjunto, que sólo se podrán acometer con éxito desde la cooperación entre todos los agentes implicados (profesores, estudiantes, familias, órganos de gobierno y coordinación) y desde la máxima cooperación y coordinación de todas las administraciones públicas. Son muchos los frentes abiertos y se requiere un máximo de responsabilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, un liderazgo claro, el diálogo y la cooperación de todos con todos, así como la movilización de todos los recursos disponibles.

Garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones para todos y todas debe ser un objetivo prioritario, en el que deben implicarse todas las administraciones y fuerzas políticas. Es nuestra obligación y meta conseguir que la Educación sea equitativa y favorezca especialmente a los que parten con mayores desventajas de origen.

20 PROPUESTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN EDUCATIVA Y CIENTÍFICA DE MADRID

1. Fomentar un GRAN ACUERDO MADRILEÑO POR LA EDUCACIÓNYLA CIENCIA, basado en la calidad y la equidad, coordinado con el Acuerdo de reconstrucción social y económica propuesto para España por el presidente del Gobierno y para la Comunidad de Madrid por Ángel Gabilondo y el PSOE-M.
2. Garantizar el derecho a ser niños y niñas, poniéndolos en elcentro de nuestras políticas y estableciendo programas, en la próxima época estival, que impulsen la recuperación afectivo-social y el carácter formativo del juego y el deporte.
3. Habilitar crédito presupuestario específico suficiente para abordar la excepcionalidad educativa que permita, entre otras cosas:
   1. nuevasbecas para estudiantes de todas las etapas educativascon situación de vulnerabilidad sobrevenida.
   1. nueva política de precios públicos universitariosque tenga en cuenta la situación excepcional no solo de este curso sino del comienzo del curso 2020-2021.
4. Reforzar el curso 2020-2021, con programas de apoyo y refuerzoeficaces y específicos en todos los niveles educativos, aumentando las contrataciones de docentes y reduciendo la ratio de alumno por aula. La planificación de este refuerzo debe comenzarse de forma inmediata con participación de toda la comunidad educativa y de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid.
5. Mantener la capacidad inversora en infraestructuras educativas y agilizar su puesta en marcha.
6. Mantener la financiación de los convenios de educación infantila los ayuntamientos porque los equipos docentes siguen trabajando en esta situación, y desarrollan una labor fundamental para los niños y niñas y sus familias.
7. Aumentar y mejorar los recursos para la atención a la diversidad, haciendo que todos aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales recuperen lo antes posible sus hábitos.
8. Recuperar la Red de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, y apoyar decididamente la Educación infantil para garantizar el desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo-emocional de los niños y las niñas.
9. Impulsar la interlocución con las familias representadas por las AMPAS.
10. Garantizar la alimentación infantil saludablehabilitando crédito presupuestario suficiente para dar cobertura a todos aquellos niños y niñas que estén en situación de vulnerabilidad. Reorientar de forma urgente las medidas tomadas en la situación de crisis actual que no satisface estas necesidades.
11. Promover programas de actividades educativas complementarias que aborden, entre otros, la Educación para la saludcon incidencia precisa en los hábitos higiénicos o aspectos como la Igualdaddesde la pedagogía y la sensibilización.
12. Impulsar la Formación Profesional, actualizando en nuestra región los más de 80 títulos que desde el Ministerio de Educación y Formación profesional se han aprobado en el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo.
13. Diseñar, en colaboración con todos los actores, un ambicioso y bien financiado Plan de digitalización de la educaciónque permita tanto abordar urgentemente las carencias actuales como generar avances de futuro. Facilitar a los centros educativos y a las universidades el acceso a los recursos técnicos, formativos, tecnológicos y pedagógicos necesarios para que la adaptación a la enseñanza online pueda hacerse, con niveles de calidad y seguridad uniformes.
14. Establecerprotocolos de colaboración, en la línea de la plataforma Conect@dos, lanzada por el Ministerio de Universidades en colaboración con la UNED y la UOC, que constituyen una estrategia a incentivar y desarrollar con todos los medios y recursos de la Administración regional, implicando a Telemadrid.
15. Complementar las posibles colaboraciones que pudieran establecerse para la formación del profesorado con el Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF Las Acacias) o con los distintos Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) de la Comunidad de Madrid.
16. Mostrar de forma explícita el convencimiento y apoyo de la ciudadanía madrileña en la necesidad y confianza de la I+D+icomo elemento clave para afrontar la pandemia.
17. Establecer, con absoluta urgencia, una convocatoria de proyectos y ayudas de I+D+i para propuestas que puedan, a la mayor brevedad posible, aportar soluciones prácticas a corto, medio y largo plazo para afrontar problemas generados por el COVID-19 en tres ejes: salud, paliar los efectos del confinamiento y preparación para la salida de la crisis.
18. Establecer un comité científico multidisciplinar con profesionales de reputado prestigio que pueda asesorar al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones con respecto a la pandemia.
19. Financiar de forma directa a los laboratorios universitarios madrileñosque están realizando pruebas PCR para detección del coronavirus y colaborando en la elaboración de material sanitario a través de impresoras 3D (“corona makers”).
20. Crear un portal web que compile con detalle las iniciativas madrileñas de I+D+i frente al COVID19, que permita trasladarlas a la ciudadanía.

ACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

La ministra Isabel Celaá viene defendiendo un consenso educativo para afrontar esta crisis y que la totalidad del alumnado no se vea perjudicado por esta situación provocada por el Covid-19. En coordinación con las CCAA, ha impulsado diversas normas y recomendaciones para conseguir que, a pesar de esta coyuntura excepcional, el curso, en todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la educación superior, concluya de una manera ordenada y manteniendo la calidad y la equidad del sistema.

Uno de los objetivos prioritarios es, sin duda, que este curso excepcional no implique que el derecho a la educación se vea cercenado para los más vulnerables, pero también que mantenga los estándares de calidad y el funcionamiento del sistema, garantía fundamental del progreso social y la igualdad de oportunidades. En este sentido, la reglamentaria y normal promoción generalizada del alumnado, que en modo alguno supone aprobado general, se torna como medida sustancial para mantener la normalidad educativa. Tal y como ha mantenido la ministra Celaá, el acuerdo de la administración educativa en este aspecto es fundamental, para garantizar que los criterios de evaluación y terminación del curso académico sean comunes en todo el territorio. 

Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como el Ministerio de Universidades, en sus respectivos ámbitos, han mantenido un diálogo continuado con los distintos actores del sistema educativo, dejando obviamente un margen de acción a las CCAA para que en el ejercicio de sus competencias puedan dar respuesta a las necesidades específicas del sistema educativo en sus respectivas regiones. En las últimas semanas se han trasladado propuestas y se ha consensuado con las Comunidades Autónomas diferentes medidas, que se deberán implantar por las administraciones de las CCAA.

Se han puesto en marcha iniciativas de carácter general para garantizar el derecho a la educación, como el portal web #AprendoEnCasa, que ha supuesto una apuesta importante para canalizar y facilitar recursos, herramientas y aplicaciones de calidad al profesorado, las familias y el alumnado en todo el territorio; o la iniciativa Aprendemos en Casa, en colaboración con RTVE, que llega a más de un millón de escolares de primaria y secundaria. Pero a la vez se han tenido que acordar medidas con las Comunidades Autónomas, de corte mucho más inmediato, que contribuyan a la “normalización” de una situación extraordinaria. De esta forma se han modificado el modelo y el contenido de las pruebas de acceso a la universidadcon el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque de contenido de alguna de las materias, modificándose también la fecha de celebración de las convocatorias ordinaria y extraordinaria; se han flexibilizado las prácticas de Formación Profesional o se han suspendido las pruebas de evaluación diagnósticade 3º y 6º de primaria y de 4º de la ESO. 

Además, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional no se renuncia a conseguir el acuerdo en la tramitación de la LOMLOE, que pronto se retomará. Su contenido puede y debe favorecer el acuerdo con las demás fuerzas políticas y la situación actual puede suponer un ejercicio de moderación y flexibilidad que se consolide a futuro.

En las circunstancias actuales, nadie duda que la descentralización que establece el sistema autonómico otorga, en materia educativa, un papel crucial a cada una de las Comunidades Autónomas. El grado de implicación de cada administración, la coordinación entre las mismas, la agilidad normativa y el destino de recursos necesarios será lo que garantizará a nuestros y nuestras estudiantes una incorporación satisfactoria a la ansiada normalidad de sus vidas cotidianas.

LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Con más de un millón trescientos mil alumnos y alumnas (entre enseñanzas de régimen general, especial y educación de adultos) y casi 300.000 universitarios, la Comunidad de Madrid tiene un peso muy importante en la comunidad educativa. Sin embargo, y a pesar de ser una de las regiones más ricas del territorio español, está a la cola del gasto por estudiante en el contexto nacional. 

25 años de gobiernos del PP en nuestra Comunidad, han contribuido a incrementar la desigualdad entre nuestros niños y niñas. Los factores económicos y sociales potencian la brecha educativa y digital que se agranda por la aplicación de una feroz política presupuestaria en la que se han ido minorando partidas tan importantes como la correspondiente a infraestructuras educativas, personal docente o personal de apoyo a la diversidad, que han llevado a perpetuar condiciones perjudiciales para el alumnado como, por ejemplo, ratios excesivas que nos sitúan por encima resto de CCAA.

Además, y a pesar de ser laregión con el PIB per cápita más alto de España, los últimos datos PISA (pruebas realizadas en 2018) confirman que la Comunidad de Madrid,la región que menos invierte en cada escolar (3.945 euros) de España, es también quien más segrega a los más vulnerables, llegando a situaciones de aislamiento de los más desfavorecidos.

Por otro lado, hay que destacar que Madrid lidera la brecha digital por niveles de renta familiar (34 puntos entre niños pobres y ricos). El 64% de los niños y niñas de hogares de bajos ingresos tienen oportunidad de usar el ordenador (principalmente en la escuela) cuando la media nacional es del 75%.

La Comunidad de Madrid es la única donde el índice de segregación escolar se sitúa por encima de la media española (0,3113). Esta comunidad autónoma es la más afectada por la segregación escolar, con un índice de 0,36. Asimismo, la Comunidad de Madrid supera por mucho la media de la Unión Europea (0,28) y se coloca en segunda posición si la comparamos con el resto de los países de la UE. En este ranking solo es superada por Hungría, con un índice de 0,38. 

Según el último informe de Save the Childen, las posibles causas de estas cifras están ligadas a la disminución del peso de la escuela pública en favor de la concertada. La organización sostiene que existe una correlación entre nivel de renta y escuela pública o concertada ya que las rentas más altas prefieren la escuela concertada. Además, el cobro de cuotas es una práctica extendida en la escuela concertada que supone una barrera económica de entradapara las familias más vulnerables.

Otra de las causas de este tipo de segregación es la implantación del programa bilingüe. La dificultad del estudio en una lengua extranjera y la diferenciación por niveles a partir de la ESO son dos cuestiones que tienen impacto a la hora de que las familias escojan centro educativo. Las familias con mayor renta son más propensas a escoger el programa bilingüe mientras que las más pobres prefieren cursar sus estudios en una sola lengua. El programa bilingüe estaría contribuyendo a la selección del alumnado por origen social y a la segregación, reforzando las desigualdades y contribuyendo a una ejecución elitista del sistema educativo.

Las familias de contexto socioeconómico más bajo no tienen recursos para costear las clases extraescolares necesarias para cursar el programa bilingüe en igualdad de oportunidades.

En el marco de la crisis actual, esta política educativa consolidada por el Partido Popular durante años convive con decisiones y actuaciones improvisadas, contradictorias y guiadas por el ahorro económico. La falta de iniciativa educativa, la aparente desorganización en el dictado de órdenes, instrucciones o resoluciones y algunas de las acciones llevadas a cabo, han provocado desconcierto entre la comunidad educativa, sumiendo a los profesionales en un caos burocrático que complica extraordinariamente su trabajo diario. 

En una coyuntura tan compleja como la que atravesamos, el gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo no está ejerciendo el liderazgo que le correspondería como una de las CCAA más ricas y con un mayor volumen de estudiantes, sino que ha decidido romper el consenso político, en un ejercicio de deslealtad institucional sin precedentes. El gobierno del Partido Popular está ausente cuando se le necesita, y solo se pone a la cabeza para desmarcarse de los acuerdos generales, a destiempo y con deslealtad, para obtener una visibilidad política que de otro modo no alcanzaría, e intentar al tiempo debilitar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. 

Por otro lado, la falta de transparencia hace inaplazables las explicaciones públicas y en sede parlamentaria de los responsables de la educación madrileña, para que se pueda ejercer el legítimo control democrático como ocurre en el parlamento español. Además, es urgente que se convoquen los órganos colegiados y de gobernanza de los ámbitos universitario y no universitario. El concurso de las comunidades educativa y universitaria es imprescindible para una salida reforzada de la crisis.

Sin duda, nuestra Región necesita un consenso político en estos momentos de emergencia para garantizar a nuestros estudiantes y a la sociedad en su conjunto una vuelta sensata al funcionamiento ordinario. Y para ello, es necesario que el gobierno de la Comunidad de Madrid movilice los recursos y los medios de apoyo necesarios, porque nadie se puede quedar atrás.

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

En este contexto social descrito, la degradación del sistema educativo madrileño ha sufrido una aceleración en los últimos años. Al recorte de recursos manifestado se ha sumado una política raquítica que ha ido mermando recursos a los intereses públicos sobre el beneficio a empresas a las que se les ha facilitado un “nicho de mercado”, en principio suculento, pero con un amplio coste social. 

La disminución paulatina de los recursos humanos, tanto en la parte docente como en el resto de los profesionales vinculados a la educación, manifiesta el desinterés por dotar las aulas con el personal adecuado. Además de la consecuencia directa de las ratios desfasadas, sobre todo en aquellos cursos intermedios de las etapas, supone, por ejemplo, que el 72% de los alumnos y alumnas con necesidades especiales dejan de estar atendidos, la ratio en cuanto a los maestros de pedagogía terapéutica (PT) y audición de lenguaje (AL) no cumple la normativa.

Además, la planificación de la red de centros ha brillado por su ausencia. Se han implantado infraestructuras de manera desigual en el territorio primando, en muchos casos, complacer al municipio afín y no solventar la necesidad real. Por supuesto, esto se ha hecho construyendo centros con el sistema de fases, inventado por Lucía Figar, y que hace que nuestros escolares pasen buena parte de su etapa educativa entre obras, ruidos y con carencias de instalaciones básicas, como pabellones deportivos o bibliotecas.

El exiguo sistema de becas, el reparto disparatado de cheques, o la controvertida puesta en marcha de la gratuidad de libros de texto han incidido en la implementación de actuaciones políticas encaminadas a privilegiar sin más, incumpliendo el objetivo equilibrador que debe tener el sistema educativo y ejecutar la administración pública como garante de este.

Los últimos coletazos antes de la crisis sanitaria como el debate del “Pin Parental” o el incremento de una hora de educación física en el currículo, en detrimento de la segunda hora de lenguas extranjeras como el francés o el alemán, dejando sin consistencia estas asignaturas, y poniendo en una situación muy complicada, tanto a los alumnos y alumnas como a los profesores y profesoras, han terminado de desvirtuar los consensos básicos de los actores implicados. 

Todo ello despaldas a la comunidad educativa en la que no se concede confianza al profesorado ni a los equipos, a los que se les alaba cínicamente desde el altavoz público, pero se ignora en la gestión diaria, cercenando su autonomía de centro; se desatiende a las familias no fomentando la participación comunitaria y situando a los escolares muy lejos de su sitio natural: el centro de la gestión.

Al margen de los Centros de Educación de Adultos, que sistemáticamente son los olvidados de la educación madrileña, sin apenas presupuesto e inversión, o las enseñanzas especiales que no recogen ningún avance ni metodológico ni presupuestario en los últimos años o el sistema de formación profesional que constituye un verdadero agujero negro en nuestra Comunidad.

Mención aparte merece la primera etapa educativa,que está sufriendo especialmente las políticas del gobierno Popular. Para los socialistas, esta es una prioridad absoluta, tenemos la conciencia clara de la importancia de la etapa 0-6. La LOGSE la definió como primera etapa del sistema educativo, con finalidad, características y necesidades propias, compuesta de los ciclos 0-3 y 3-6, reconociéndolo así la legislación sucesiva. 

Sin embargo, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid no ha perdido ocasión desde la última crisis económica de recortar recursos económicos a las EE.II y Casas de Niños de la Red Pública (que ya no es tal), siendo la financiación, inferior en más de un tercio, en relación con el año 2009 y aumentando costes a los municipios, a los que, además, recomienda la gestión indirecta, suponiendo en muchos casos la adjudicación a empresas con ánimo de lucro. 

En 2019 había 172.000 niñas y niños de 0 a 3 años, frente a los 224.258 que según la estadística había en 2009.En 2009/10 existían 417 centros que atendían a niñas y niños de 0 a 3 años (290 en EE.II y 127 en Casas de Niños), que acogían al 16,09% de la población.Solamente 55 escuelas eran de gestión directa de la Comunidad y 38 de los ayuntamientos. Las casas de niños son en un 95% de gestión directa de los ayuntamientos, y por tanto son empleados públicos municipales, que acceden a sus puestos de trabajo a través de procesos selectivos de concurso/oposición.

En el curso 2019/20 el número de escuelas y casas de niños son 474 aproximadamente y la gestión directa de los centros, es la misma que en 2010, lo que quiere decir que la llamada red pública no representa ni el 50% de la gestión directa. La mayoría de la gestión de estos centros es indirecta, bien de municipios, cooperativas (cada vez menos) o de empresas con afán de lucro, que los últimos años, por imposición de la Consejería de Educación y Juventud, han proliferado en Madrid. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid estableció en 2008 una nueva forma de financiación de las escuelas que minoraba la cuantía adjudicada al efecto. Además, pasó a imponer los pliegos de licitación a los ayuntamientos que están obligados a cumplirlos, sin poder opinar ni modificarlos. La situación ha ido agravándose año tras año, teniendo en estos momentos una financiación completamente insuficiente y bajando los estándares mínimos hasta tal punto que se producen situaciones de precariedad laboral, ratios excesivas y condiciones educativas que inciden en la pérdida de calidad educativa para los más pequeños. Todo ello ha concluido en una desregulación del sector en el que la privatización bajo diversas modalidades ha sido brutal los 10 últimos años.

La pretensión, por parte del gobierno de la Comunidad de suspensión de la financiación incurre en ilegalidad al producirse de manera unilateral y confundiendo la normativa de la contratación pública con la de los convenios entre administraciones. Los centros educativos públicos no pueden igualarse a contratas de obras o prestación de un servicio como el transporte. Los alumnos y alumnas están matriculados, siguen ocupando las plazas escolares, los centros no están cerrados, se han interrumpido las actividades lectivas presenciales, las familias se incorporan al trabajo y necesitarán los centros abiertos en el momento que lo hagan. La educación es un derecho de las niñas y los niños y estos no pueden ser tratados como si fuesen mercancía.

La Educación Infantil, como primera etapa del sistema educativo que es, tiene que ser tratada como cualquier otra etapa, así como sus profesionales.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La Comunidad de Madrid, con casi una quinta parte de las y los estudiantes universitarios del conjunto del territorio español, plantea problemas específicos, no sólo por su dimensión, sino también por su idiosincrasia. Nuestra región reúne a varias de las universidades de mayor prestigio y antigüedad de España (y, en algunos casos, de Europa). Sin embargo, de las 14 universidades que se ubican en nuestra región, tan sólo 6 son de titularidad pública, las más importantes en número de estudiantes y producción científica, dando lugar a un desequilibrio “público/privado” que no tiene parangón en ninguna otra CCAA. Sin embargo, el gasto por estudiante es de los más bajos de España y los precios públicos de matrícula y tasas de los más elevados, distando mucho de lo que sería esperable de una de las CCAA más ricas de España. 

Los años de recortes que han acompañado a la crisis han sido especialmente duros en nuestra región, donde el presupuesto se ha visto recortado dramáticamente como parte de una política que ha dado la espalda a la universidad pública mientras se alimentaba la proliferación de universidades privadas. 

Durante años el gobierno regional del PP no ha convocado al Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, gobernando de espaldas a la comunidad universitaria. Ni siquiera ha sido capaz de generar el consenso social necesario para sacar adelante una Ley del sistema universitario madrileño y los trabajos recientes para hacerlo no han pasado de ser una maniobra de distracción en la que no se ha establecido un diálogo serio y sistemático con la universidad pública madrileña, auténtico corazón del sistema y eje de su prestigio y dinamismo. Al revés, la nueva ley, que estaba en proceso de elaboración antes de las circunstancias excepcionales marcadas por la actual pandemia, ni siquiera llevaba en su nombre la palabra ‘universidad’ o ‘sistema universitario’, ocultando lo que debería ser la esencia de una norma regulatoria general para el sistema de enseñanza universitaria y de educación superior de nuestra región.

De acuerdo con este análisis, desde el PSOE-M señalamos a continuación algunos de los ejes sobre los que, en línea con las acciones estratégicas impulsadas por el Gobierno de España, debería pivotar la política universitaria regional en esta situación de excepcionalidad.

Garantía de la seguridad y equidad en el acceso a la universidad: EVAU

Semanas atrás, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades acordaron, dentro del marco de la Conferencia Sectorial de Educación, introducir cambios y retrasar el calendario en las pruebas de acceso a la universidad (EVAU), con el fin de adaptarlas a la situación de excepcionalidad.

Resulta igualmente urgente que se den instrucciones precisas por parte de la Consejería respecto a cómo articular en términos operativos la decisión del retraso en las fechas de realización de la EVAU. Estas instrucciones son necesarias tanto para los institutos y centros donde se cursan los estudios de Bachillerato como para las universidades, así como, obviamente, para los propios estudiantes. Es desde luego fundamental en estos momentos minimizar el margen de incertidumbre de los estudiantes y garantizarles su derecho de acceso a la universidad.

Garantía de la calidad y equidad del sistema educativo

La crisis no puede dejar a nadie atrás. Aun así, sabemos de la existencia de un número considerable de estudiantes que tiene dificultades para seguir las clases a través de las plataformas online por carecer de los recursos necesarios para estar conectados. 

En este sentido, es necesario que la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación asuma su responsabilidad en esta materia y disponga los medios oportunos para evitar que ningún estudiante madrileño se quede atrás.

Para ello, demandamos al Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación que realice de manera urgente un estudio, en colaboración con las universidades de nuestra Comunidad Autónoma, que permita una adecuada evaluación de la situación de los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid, que nos permita conocer de una manera efectiva cuántos están teniendo dificultades para el seguimiento del curso, tanto debido a falta de recursos materiales como a circunstancias familiares o de salud sobrevenidas. 

Una vez realizada esta evaluación exigimos que el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso dote un fondo complementario extraordinario de becas para estudiantes con situación de vulnerabilidad sobrevenida, así como una política de precios públicos que tenga en cuenta la situación excepcional no solo de este curso sino del comienzo del curso 2020-2021.  

Adaptación de las enseñanzas a formato online o no presencial

La transformación de la enseñanza presencial a no presencial ha supuesto un reto excepcional para las universidades, que han tenido que adaptar sobre la marcha sus métodos de enseñanza, las formas de evaluación y la dinámica de las prácticas curriculares y no curriculares en las titulaciones donde estas están previstas en un tiempo récord y en un escenario de notable incertidumbre y escasez de medios. 

Dentro del consenso alcanzado en la Conferencia General de Política Universitaria, se han articulado procedimientos con el objetivo de que este tránsito se realice de una forma óptima.  Dentro de la excepcionalidad de la situación, se prevé que las respectivas administraciones de las CCAA acompañen y faciliten este proceso, poniendo a disposición de las instituciones universitarias todos los recursos y medios que la situación requiere. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, las universidades madrileñas están llevando a cabo este proceso gracias al extraordinario esfuerzo de sus profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, y a la capacidad de organización y liderazgo de las universidades públicas madrileñas.

No obstante, la responsabilidad del gobierno regional madrileño, como administración responsable del sistema universitario regional, es tutelar y armonizar dicho proceso, garantizando que se realice en condiciones de calidad y equidad para el conjunto de la comunidad académica, sin dejar a nadie atrás. Que el gobierno regional facilite a las universidades el acceso a los recursos técnicos, tecnológicos y pedagógicos necesarios para que tanto docentes como estudiantes puedan llevar a cabo adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en las modalidades a distancia y online, con niveles de calidad y seguridad uniformes.

Consideramos que el establecimiento de protocolos de colaboración, en la línea de la plataforma Conect@dos, lanzada por el Ministerio de Universidades en colaboración con la UNED y la UOC, constituye una estrategia a incentivar y desarrollar con todos los medios y recursos de la Administración regional. 

Asimismo, deberían contemplarse las posibles colaboraciones que pudieran establecerse para la formación del profesorado con el Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF Las Acacias) o con los distintos Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) de la Comunidad de Madrid.

Se ha de considerar la situación del profesorado interino (mayoritario) en las Universidades más jóvenes que mal vive con bajos salarios y escasísima consideración.

LA CIENCIA, ELEMENTO CLAVE PARA SUPERAR LA PANDEMIA

La investigación y la innovación han sido unos de los grandes olvidados de las políticas conservadoras de los gobiernos populares. Sin que las inversiones en I+D+i hayan sido nunca importantes, los últimos años han sido notablemente escasos. Durante 5 años ni siquiera se diseñó e implantó el obligado por ley Plan Regional de Ciencia e Innovación Tecnológica PRICIT. El actual, improvisado y con una dotación ínfima, ni siquiera ha cumplido sus promesas en cuanto a fondos y menos en cuanto a objetivos. Ni siquiera se ha puesto en marcha su evaluación, ni tampoco la de la Estrategia Regional de Innovación (RIS3) cofinanciada por la Unión Europea. Con unos presupuestos sensiblemente inferiores a los de otras regiones, la Comunidad de Madrid nunca ha manifestado, ni de forma pública ni con sus políticas, un verdadero convencimiento de la que la ciencia, la investigación y la innovación deben ser el verdadero motor del cambio social y económico que se precisa, como sí hacen muchos países de nuestro entorno y regiones europeas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III, ha creado un Fondo COVID-19 para financiar proyectos de investigación sobre el COVID-19 dotado con 24 millones de euros. Además, dispone de una página web donde se muestran todos los avances de la ciencia española frente a la pandemia.

Varias Comunidades Autónomas han lanzado también iniciativas de este tipo: Cataluña, País Vasco, Aragón, Andalucía, etc., mantienen y actualizan portales web con los hallazgos de sus científicos o han puesto en marcha estrategias a medio y largo plazo, como la Comunidad Valenciana y Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial frente al Covid-19, comisionada por la científica Nuria Oliver.

Nada parecido puede encontrarse en la Comunidad de Madrid: ni hay una línea de financiación específica de proyectos (ya que la financiación de la I+D+i en nuestra comunidad es muy escasa), ni existe un portal web donde se muestren los avances de la comunidad científica madrileña (únicamente puede verse algún tweet del consejero citando prensa nacional) y tampoco hay ninguna estrategia ni planificación específica. Los científicos y académicos madrileños no juegan ningún papel ni en la valoración, ni en la estrategia ni en la toma de decisiones del gobierno madrileño y solo tienen interlocución (muy bien valorada, por cierto) con el gobierno de la nación.

La Comunidad de Madrid únicamente ha organizado un Hackathon virtual llamado #MadridVenceAlVirus donde, a través de un encuentro online celebrado los días 4 y 5 de abril, pudieron presentar sus ideas y propuestas ante los desafíos del COVID-19. El formato y la realización ha sido encargado a una consultora externa. A fecha de hoy no se ha hecho pública ni conocemos ninguna iniciativa que haya salido de allí.

Todo ello muestra que el gobierno de la Comunidad, como ha venido siendo una constante en los años de gobierno del PP, no tiene confianza alguna en las capacidades de la I+D+i de la región ni en sus posibilidades de mejorar la sociedad madrileña en sus desafíos.

Nuestras propuestas han sido trasladadas a la Consejería, sin que ni siquiera haya habido un acuse de recibo explícito a las mismas.

LA GESTIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS

El reparto competencial de la administración pública en España otorga a losAyuntamientos exiguas competencias en materia educativa. Así, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ratificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la competencia educativa de los municipios se circunscribe a “Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”(Art. 25 n).

No obstante, y como se ha manifestado en transcurso de las semanas, la situación social, derivada de la emergencia sanitaria ha hecho que los ayuntamientos socialistas de la región hayan tenido que arbitrar mecanismos que exceden sus competencias en circunstancias ordinarias pero que son necesarios para mantener una mínima relación social de equidad entre la población. Por otro lado, el hecho de que la materia educativa sea transversal y afecte a toda la población sin distinción social, ha hecho que en estas semanas de confinamiento se estrechen los trabajos coordinados entre las áreas responsables de educación y aquellas responsables de servicios sociales y bienestar social. Desde los diferentes municipios se han arbitrado actuaciones fundamentadas en estos ejes:

Garantizar la alimentación saludable

• Distribución de menús saludables a la población escolar en situación de vulnerabilidad. Varios municipios han optado por el reparto de menús saludables a los domicilios o en centros de referencia para garantizar el alimento y las condiciones saludables del mismo a su población más sensible. De esta forma, Leganés, Arganda del Rey, Getafe o San Fernando de Henares reparten entre 500 y 2000 menús diarios saludables.
• Acceso a tarjetas para compra de alimentación saludable. Otros municipios, como es el caso de Alcalá de Henares, facilitan una tarjeta junto a un documento en el que se incluye documentación que contiene un modelo de compra-tipo de alimentos de primera necesidad, acompañada por datos informativos sobre la frecuencia idónea de la alimentación y recomendaciones para una alimentación saludable, que puede ser canjeada en diferentes supermercados adheridos a la actuación.
• Ingreso de importe de becas comedor a la población escolar en situación de vulnerabilidad.En el caso de Fuenlabrada se decidió ingresar el importe de las becas de comedor directamente a los beneficiarios en sus cuentas para que pudieran disponer de ellas y acceder a la compra de alimentos de manera individualizada.
• Incremento y agilización de ayudas de emergencia social y garantía de alimentos.Todos los municipios han incrementado y agilizado la disposición de ayudas de emergencia social y garantía de alimentos que habitualmente tienen a disposición de los perfiles más vulnerables y que en muchos casos están fuera de la cobertura de las ayudas o becas comedor que dispone la Comunidad de Madrid.

Garantizar el derecho a la educación

• Mantenimiento de acceso online en los centros educativos de titularidad municipal. Ante las recomendaciones de la Comunidad de Madrid publicadas en el B.O.C.M Nº59 de 10 de marzo 2020, en las disposiciones generales, apartado primero, punto 1. informando que: “Durante el período de suspensión se recomienda continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line”, los municipios readaptaron sus ofertas educativas y planificaciones de estudios. Por ello, tanto Escuelas Infantiles, Casas de Niños o Escuelas Municipales de Adultos han mantenido en este tiempo un contacto directo con su alumnado y han ido proponiendo diferentes actividades, adaptadas a la situación y al rango de edad, contribuyendo a mantener una red educativa equitativa en toda la Comunidad independientemente de la obligatoriedad o no de la etapa escolar, la franja de edad o la condición social del alumnado.
• Distribución de recursos informáticos a la población para acceso online en los períodos de escolaridad obligatoria. En este ámbito diferentes municipios han hecho Reparto de tarjetas SIM para acceso a internet, como el caso del Ayuntamiento de Alcorcón, contribuyendo a evitar que los y las estudiantes de etapas obligatorias queden desvinculados del curso por falta de recursos tecnológicos, haciéndolo a través de convenio con una gran operadora. Por otro lado, también en otros municipios como Velilla de San Antonio, se han repartido además ordenadores con el mismo fin que en el caso anterior.

Garantizar las condiciones laborales en materia educativa

En la medida de lo posible, los ayuntamientos socialistas han mantenido sus relaciones contractuales en el ámbito educativo. Son abundantes los contratos de servicios que gestionan en las concejalías de educación. Estos contratos abarcan desde la materia puramente educativa, como podrían ser los suscritos con el objeto de gestionar centros educativos (escuelas infantiles, casas de niños, o escuelas de música, …); aquellos que se centran en el mantenimiento de los centros (pinturas, pequeñas reparaciones, …); o los que abarcan la extensión educativa (actividades extraescolares, apertura de centros en períodos no lectivos, …). En todos los casos se ha intentado seguir la máxima de cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, mantenimiento de la contratación, adaptación del servicio a la nueva realidad.

A continuación, la carta del secretario general del PSOE-M a la militancia

A: MILITANTES Y AFILIADOS/AS DIRECTOS/AS

Madrid, 24 de abril de 2020

Estimadas compañeras y compañeros:

Hoy, mis primeras palabras son de afecto y de ánimo para los compañeros y las compañeras que en estos momentos estáis luchando contra el virus y para los y las que habéis perdido a un ser querido.

El Gobierno de España avanza en la lucha contra el COVID-19 y realiza esfuerzos adicionales para proteger a las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás.

En estos momentos, es necesaria la generosidad y la lealtad de todas las fuerzas políticas, ayuntamientos, agentes sociales, patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo de reconstrucción social y económica en nuestro país.

Como complemento a las medidas laborales y de apoyo a los trabajadores y trabajadoras recogidas en el informe que os envié hace unos días, el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril aprobó una nueva batería de importantes disposiciones para apoyar el empleo, ampliar la protección de colectivos vulnerables, facilitar la financiación de nuestro tejido productivo y apoyar la economía y el empleo, especialmente para los autónomos y para las pymes.

Asimismo, el Gobierno de España ha hecho una apuesta sólida para responder a las necesidades de la comunidad educativa y poder lograr el mayor acuerdo, junto con las Comunidades Autónomas, que proteja con un sistema justo a los alumnos y alumnas más vulnerables en esta situación extraordinaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su afán de continuar con los recortes que los gobiernos del PP vienen realizando durante años en materia educativa, ha incumplido de modo unilateral, arbitrario y con carácter retroactivo los convenios de financiación de las Escuelas Infantiles Municipales, de modo que los ayuntamientos tienen que asumir la totalidad de los gastos.

La educación infantil es una aportación fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Por ello, los ayuntamientos afectados se oponen a esta medida discriminatoria, que favorece la segregación.

Para las y los socialistas madrileños el sistema educativo tiene un importante papel, también en esta emergencia sanitaria. Es necesario garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad y por ello trabajaremos para poner en valor la figura del profesorado y para evitar que las medidas excepcionales para la finalización del curso incrementen la desigualdad.

Pido al Sr. Ossorio, consejero de Educación, que recapacite y se sume al acuerdo educativo propuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Todavía está a tiempo. Es de suma gravedad ignorar el perjuicio que su decisión causa al alumnado con más dificultades sociales y desventajas educativas de Madrid, donde las situaciones de inequidad, desigualdad social, brecha digital y falta de cohesión son muy acusadas entre el alumnado. La posición partidista del gobierno de la Comunidad de Madrid hace recaer, con su decisión de ruptura, unas consecuencias sobrevenidas del COVID sobre la parte más débil, los alumnos y alumnas, y supondrán una doble carga para las familias.

En el informe que hoy os envío se recogen las medidas educativas adoptadas por el Gobierno de la Nación, así como las propuestas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y por los Grupos Municipales Socialistas de nuestros Ayuntamientos.

También quiero compartir con vosotros y vosotras la comparecencia que hice con nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el pasado miércoles 22 de abril. En ella anuncié mi ofrecimiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid para promover acuerdos, junto con los agentes sociales y con los municipios, para conseguirun gran pactopara la recuperación y para la reconstrucción de la Comunidad de Madrid, una vez superada la crisis sanitaria.

Considero imprescindible este ejercicio de responsabilidad social y política que nos caracteriza a las y los socialistas madrileños. Es importante aunar esfuerzos y propuestas para adoptar las medidas con las que afrontar este período crítico y minimizar los problemas de nuestra sociedad madrileña, con especial atención a los más vulnerables. Todos y todas tenemos que arrimar el hombro con generosidad, solidaridad, dedicación infatigable y consenso.

Hoy quiero terminar mis palabras con unas muy especiales. Quiero reconocer y agradecer la lección de esfuerzo, sacrificio, solidaridad y ejemplaridad que cada día nos dan todos los alumnos y las alumnas, desde la educación infantil hasta la universitaria, por cumplir todas las recomendaciones que permiten salvar vidas y que comienzan ya a dar fruto.

PORQUE ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS

AHORA TOCA LUCHAR JUNTOS 

Un cordial saludo.

José Manuel FrancoSecretario Gen