TÍTULO III. Derecho de acceso a la información pública

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Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 35.- Titulares del derecho de acceso.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 36.- Órganos competentes.

  1. Los reglamentos de organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y de las Entidades públicas vinculadas o dependientes determinarán los órganos competentes para la resolución de las solicitudes de acceso a la información.
  2. En defecto de previsión expresa en los reglamentos de organización, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso corresponderá:
    1. a) En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los órganos en cuyo poder obre la información solicitada.
    2. b) Cuando la solicitud de acceso se refiera a información elaborada o en poder de fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las entidades citadas en el apartado anterior, será competente el órgano del departamento al que estén vinculadas o adscritas, y, en su defecto, al que tenga atribuidas las competencias en el ámbito funcional de los fines, objeto social o ámbito de aquellas entidades.
    3. c) En el caso de que se solicite información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, será competente el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia.

Artículo 37.- Límites al derecho de acceso.

  1. El derecho de acceso está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
    1. a) La seguridad nacional.
    2. b) La defensa.
    3. c) Las relaciones exteriores.
    4. d) La seguridad pública.
    5. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
    6. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
    7. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
    8. h) Los intereses económicos y comerciales.
    9. i) La política económica y monetaria.
    10. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
    11. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
    12. l) La protección del medio ambiente.
  2. La aplicación de los límites a que se refiere el apartado anterior será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Artículo 38.- Protección de datos personales.

  1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
  2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
  3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma ley.

  1. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
  2. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 39.- Acceso parcial.

  1. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo anterior no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
  2. El solicitante será advertido del carácter parcial del acceso y, siempre que no se ponga en riesgo la garantía de la reserva, se hará notar la parte de la información que ha sido omitida.

Capítulo II

Procedimiento

Artículo 40.- Iniciación del procedimiento.

  1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad en cuyo poder obre la información solicitada.
  2. Cuando se solicite información elaborada o en poder de fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración Pública de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Públicas vinculadas o dependientes de la misma, la solicitud se dirigirá al órgano del departamento al que estén vinculadas o adscritas, y, en su defecto, al que tenga atribuidas las competencias en el ámbito funcional de los fines, objeto social o ámbito de aquellas entidades.
  3. En el caso de que se solicite información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá al órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia.

Artículo 41.- Solicitud.

  1. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
    1. a) La identidad del solicitante.
    2. b) La información que se solicita.
    3. c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud.
    4. d) En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada.
  2. Cuando la solicitud se formule de forma oral, sea por comparecencia en las unidades administrativas o en las oficinas de información, o mediante comunicación telefónica, la misma será recogida en formato electrónico haciendo constar los extremos señalados en el apartado anterior.
  3. Las unidades responsables de la información y las oficinas de información, así como el órgano o entidad en el que se presente o al que se dirija la solicitud, cualquiera que sea el medio utilizado para realizarla, ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio del derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.
  4. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. 

Artículo 42.- Solicitudes imprecisas.

  1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
  2. El desistimiento y el archivo de la solicitud se acordará mediante resolución expresa del órgano competente y en ningún caso impedirá la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada. 

Artículo 43.- Inadmisión de solicitudes.

  1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
  2. a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
  3. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
  4. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
  5. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
  6. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
  7. f) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.
  8. En la aplicación de las causas de inadmisión recogidas en el apartado anterior se seguirán las siguientes normas:
  9. a) En las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión.
  10. b) No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos.
  11. c) No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
  12. La resolución que inadmita la solicitud podrá impugnarse de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Artículo 44.- Remisión de la solicitud al órgano competente.

  1. Cuando la solicitud se refiere a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, éste la remitirá, en un plazo no superior a 5 días, al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
  2. Cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, en la resolución de inadmisión que dicte deberá indicar el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
  3. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso, informando de esta circunstancia al solicitante.

Artículo 45.- Audiencia de terceras personas.

  1. Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
  2. Simultáneamente a la concesión de la audiencia, el solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 46.- Plazo de resolución y sentido del silencio.

  1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante.
  2. Las resoluciones por las que se inadmita a trámite las solicitudes por las causas previstas en las letra a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 43 se adoptarán y notificarán lo antes posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver.
  3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso se entenderá desestimada.

Artículo 47.- Resolución.

  1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada.
  2. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones siguientes:
    1. a) Las que inadmitan a trámite las solicitudes.
    2. b) Las que denieguen el acceso.
    3. c) Las que concedan el acceso parcial
    4. d) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada
    5. e) Las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.
  3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información suponga incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se pondrá de manifiesto que concurre esta circunstancia para desestimar la solicitud.
  4. Si la resolución estimara, en todo o en parte, la solicitud, indicará la modalidad de acceso y, si procede, el plazo y las condiciones del mismo, garantizando la efectividad del derecho y la integridad de la información suministrada.
  5. Las resoluciones que concedan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero indicarán expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 48.4.
  6. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella.
  7. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el Capítulo III del presente Título.
  8. La resolución debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Indicará los recursos y reclamaciones que procedan contra la misma, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para su interposición.

Artículo 48.- Acceso a la información.

  1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
  2. La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado y exista una alternativa más económica y fácilmente accesible para el solicitante.
  3. La consulta directa de las fuentes de información, así como el acceso al lugar donde la información está depositada, podrán denegarse cuando las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación de los documentos o de los soportes originales de la información, no lo permitan.
  4. Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

Artículo 49.- Obtención de copias.

El reconocimiento del derecho de acceso conllevará el de obtener copias de los documentos solicitados, salvo en los supuestos en los que no sea posible realizar la copia en un formato determinado debido a la carencia de equipos apropiados o cuando, por su cantidad o complejidad, conlleve un coste desproporcionado para la Administración, o pueda vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Artículo 50.- Costes de acceso a la información.

El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias y la transposición a formatos diferentes del original estarán sujetas al pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de las tasas de la Comunidad Autónoma.

Artículo 51.- Registro de Transparencia.

Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con toda persona que trabaje por cuenta propia y organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas de la Comunidad de Madrid, e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Estas personas y entidades deberán estar registradas en un registro habilitado especialmente por la Administración autonómica para desarrollar dicha actividad y deberán informar periódica y públicamente de sus actividades. A tales efectos, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se desarrollará mediante Decreto, y se pondrá en marcha, el Registro obligatorio de personas que trabajan por cuenta propia y organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Comunidad de Madrid, que recibirá el nombre de Registro de Transparencia.

Artículo 52.- Código ético para la actividad de las personas que trabajan por cuenta propia y organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas de la Comunidad de Madrid y Oficina de Conflictos de Intereses.

Se elaborará un Código ético para la actividad de las personas y organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas de la Comunidad de Madrid. La Administración autonómica creará una Oficina de Conflictos de Intereses, y la dotará de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos tanto del sector público como del sector privado.

Capítulo III

Régimen de impugnación

Sección 1ª.- Disposición general

Artículo 53.- Medios de impugnación.

  1. Contra la resolución, expresa o presunta, de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, dicha reclamación tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 2.2 sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Sección 2ª.- Reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 54.- Objeto de la reclamación.

La reclamación podrá presentarse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de acceso que se dicten en el ámbito de aplicación de esta Ley, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 55.- Forma, plazo y presentación de la reclamación potestativa.

  1. La reclamación se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  2. El escrito de interposición, dirigido al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá contener:

– Identificación de la persona interesada.

– La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama, o de la solicitud que ha sido denegada por silencio administrativo.

– Los motivos por los que se reclama.

– La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.

  1. La reclamación podrá presentarse en el registro del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Artículo 56.- Tramitación de la reclamación.

  1. La tramitación de la reclamación se ajustará a la establecida para los recursos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo establecido en esta Ley.
  2. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

Artículo 57.- Plazo de resolución y sentido del silencio.

La resolución de la reclamación deberá adoptarse y notificarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada de la misma en el registro del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Transcurrido dicho plazo la reclamación se entenderá desestimada.

Artículo 58.- Contenido y efectos de la resolución.

  1. La resolución que se adopte por el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública será en todo caso motivada, y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada.
  2. Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.

Artículo 59.- Publicación.

Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

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