Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/home/psoemadrid.es/web/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/Main.php on line 2397 TÍTULO I Disposiciones generales |

TÍTULO I Disposiciones generales

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Artículo 1.- Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto la regulación de la transparencia de la actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

  1. Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a:
    1. a) La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid.
    2. b) Los organismos autónomos, entidades empresariales y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dicha Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid.
    3. c) Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios que se integran en el sector público de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid.
    4. d) Las universidades públicas Madrid.
    5. e) Las asociaciones constituidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y los demás organismos y entidades previstos en este apartado.
  2. Asimismo, en la actividad sujeta al Derecho Administrativo, será aplicable a:
    1. a) El Asamblea de Madrid, en los términos de la disposición adicional cuarta.
    2. b) La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta.
    3. c) El Consejo Económico y Social.
    4. d) Las Corporaciones de Derecho Público.

Artículo 3.- Otros sujetos obligados.

  1. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario, estarán sujetas, además de a las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, a las exigencias específicas de publicidad de la información que puedan establecerse, de entre las previstas en el Título II, en las disposiciones de desarrollo de esta Ley y las correspondientes convocatorias, en los supuestos siguientes:
    1. a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso.
    2. b) Las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior 60.000 euros, cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

En todo caso, las exigencias de publicidad de la información que puedan establecerse habrán de respetar la naturaleza privada de estas entidades y las finalidades que las mismas tienen reconocidas.

  1. Las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales establecerán la información que deben publicar, de entre la prevista en el Título II de esta Ley, estas entidades para colaborar en la prestación de los mencionados servicios financiados con fondos públicos. La relación de la información que deben publicar estas entidades se incluirá en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan. 

Artículo 4.- Personas obligadas a suministrar información.

  1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el artículo anterior que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones establecidas en esta Ley.
  2. La obligación prevista en el apartado anterior será exigible a los adjudicatarios de contratos del sector público autonómico en los términos recogidos en el respectivo contrato.
  3. En las licitaciones públicas en las que resulte de aplicación la obligación de suministro de la información prevista en los apartados anteriores se hará constar la misma en la documentación en la que se establecen las condiciones contractuales. Asimismo, en los pliegos de cláusulas, condiciones o prescripciones técnicas deberán establecerse expresamente la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria.

Artículo 5.- Definiciones

A los efectos de la presente Ley se entiende por:

  1. a) Transparencia: La elaboración, actualización, difusión y puesta a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible, de la información prevista en esta Ley derivada de la actuación de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación en ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.
  2. b) Información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
  3. c) Acceso a la información pública: la posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley sin más requisitos que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley.
  4. d) Portal de Transparencia: la dirección electrónica del Gobierno de Madrid que tiene por objeto centralizar y poner a disposición de cualquier persona toda la información que deben hacer pública de acuerdo con esta ley las entidades incluidas en su ámbito de aplicación.

Artículo 6.- Principios informadores.

En la interpretación y aplicación de la presente Ley, las entidades relacionadas en el artículo 2 se regirán por los siguientes principios:

  1. a) Principio de transparencia pública, en virtud del cual se ha de facilitar de oficio información permanente, objetiva y veraz sobre la organización, funcionamiento y control de la actuación pública, en los términos y con los límites establecidos en la Ley.
  2. b) Principio de libre acceso a la información pública, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública, toda la información pública es en principio accesible y el acceso sólo puede restringirse en los supuestos previstos legalmente.
  3. c) Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta y exacta asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
  4. d) Principio de accesibilidad, en virtud del cual la información se proporcionará por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
  5. e) Principio de gratuidad, en virtud del cual el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de las tasas previstas legalmente por la expedición de copias o la transposición de la información a formatos diferentes del original.
  6. f) Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público.

Artículo 7.- Obligación de transparencia.

  1. Las entidades relacionadas en el artículo 2 de la presente ley están sujetas a la obligación de transparencia en su actividad pública.
  2. Para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta Ley, las entidades mencionadas deben:
    1. a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, en los términos que se establecen en el artículo 13 de la presente ley.
    2. b) Elaborar y difundir un inventario de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
    3. c) Establecer y mantener medios de consulta de la información solicitada.
    4. d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada.
    5. e) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados.
    6. f) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio.
    7. g) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
    8. h) Difundir los derechos que reconoce esta Ley a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
    9. i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ley.
  3. Toda la información prevista en esta ley estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 8.- Derechos y obligaciones.

  1. En el ámbito de lo establecido en esta Ley, las personas tienen los siguientes derechos:
    1. a) Acceder a la información sujeta a la obligación de publicación de acuerdo con lo establecido en esta ley.
    2. b) Ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad.
    3. c) Ser asistidas en su búsqueda de información.
    4. d) Recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
    5. e) Recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ley.
    6. f) Conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, el otorgamiento del acceso en una modalidad o formato distinto al elegido.
    7. g) Obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original.
    8. h) Usar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las impuestas por esta u otras leyes.
    9. Las personas que accedan a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en esta ley están sujetas a las siguientes obligaciones:
    10. a) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición.
    11. b) Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
    12. c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información está depositada.
    13. d) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa básica para la reutilización de la información obtenida.
    14. e) Abonar las tasas establecidas para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original. 

Artículo 9.- Medios de acceso a la información.

  1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley vienen obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
  2. En todo caso la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y los organismos y entidades del sector público autonómico incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, ofrecerán acceso a la información pública de forma presencial, por Internet y por vía telefónica. 

Artículo 10.- Unidades responsables de la información pública.

  1. En la Administración Pública y demás entidades relacionadas en el artículo 2.1 de esta ley se establecerá por el órgano competente la unidad responsable de la información pública.
  2. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos o entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, la unidad administrativa responsable de la información dependerá de la Secretaría General Técnica u órgano equivalente de cada departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, o del órgano correspondiente de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas vinculadas o dependientes de aquélla.
  3. Las unidades administrativas responsables de la información pública, en coordinación en su caso con las unidades de archivo, y sin perjuicio de las que tengan atribuidas otros órganos o unidades administrativas, ejercen las funciones siguientes:
    1. a) La coordinación con la consejería competente en materia de información para el cumplimiento de la obligación de publicación de la información establecida en esta Ley, recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
    2. b) El seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan.
    3. c) El apoyo y asesoramiento técnico a los órganos competentes del departamento o entidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información.
    4. d) La orientación a las personas que lo soliciten en el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
    5. e) La inscripción en el Registro de solicitudes de acceso.
    6. f) La elaboración de los informes sobre el grado de aplicación de la Ley en su ámbito competencial.
    7. g) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ley.
  4. Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma deberán establecer el órgano o unidad de las mismas responsable de la información pública, encargada de dar cumplimiento a las obligaciones de información establecidas en esta ley, así como a facilitar la información que le sea requerida por el órgano competente de la Administración o entidad a la que esté adscrita o vinculada para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública.

Artículo 11.- Registro de solicitudes de acceso.

  1. Se crea el registro de solicitudes de acceso a la información pública en el que se inscribirán las solicitudes que se presenten, haciendo constar los siguientes datos:
    1. a) La fecha de presentación de la solicitud
    2. b) El nombre de la persona solicitante.
    3. c) La información solicitada.
    4. d) El tiempo en que se atendió la solicitud, y, en caso de que la respuesta se haya realizado fuera del plazo, las razones que motivó la demora.
    5. e) El tipo de respuesta que dio la solicitud, y, en caso de denegación, los motivos de la misma.
    6. f) Los demás que puedan establecerse en el reglamento de organización y funcionamiento del registro.
  2. El registro dependerá del órgano competente del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de información pública.
  3. La organización y funcionamiento del registro se ajustarán a las normas que se aprueben por el titular del departamento competente en materia de información pública.

Artículo 12.- Informes sobre el grado de aplicación de la Ley.

Los órganos a los que estén adscritas las unidades responsables de la información del departamento o entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la ley en su respectivo ámbito, con el contenido que se establezca por orden del titular del departamento competente en materia de información pública.

 

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